Diez integrantes de una organización dedicada al tráfico de cocaína y marihuana fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Tucumán en el cierre de una investigación que durante más de dos años permitió reconstruir una compleja estructura narco con ramificaciones en distintos barrios de la capital tucumana, conexiones con proveedores del norte del país e incluso operaciones de venta dentro del penal de Villa Urquiza. La sentencia confirmó que no se trataba de hechos aislados ni de vendedores independientes, sino de una asociación criminal con roles definidos, logística propia, lugares de almacenamiento, distribución organizada y antecedentes penales que alcanzaban a varios de sus principales integrantes.

La causa se inició en agosto de 2022 a partir de una denuncia que alertaba sobre la actividad de un hombre que se movilizaba en un automóvil por el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla, distribuyendo estupefacientes junto a una mujer identificada como Pamela Elizabeth Bravo. A partir de esa información, la Justicia Federal, en persona del fiscal Agustín Chit, inició la investigación y ordenó una batería de medidas que incluyeron tareas de inteligencia, seguimientos, intervenciones telefónicas, análisis patrimoniales y vigilancia de domicilios que terminaron revelando una estructura mucho más amplia de la inicialmente denunciada.

Según determinó la pesquisa, entre agosto de 2022 y octubre de 2024 la organización se dedicó a la compra, transporte, fraccionamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de cocaína y marihuana en distintos puntos de Tucumán. Los investigadores identificaron operaciones en los barrios Juan XXIII, Oeste II, Las Tipas y SEOC, además de maniobras destinadas a introducir droga en el establecimiento penitenciario de Villa Urquiza para su posterior comercialización entre los internos.

En la cúspide de la organización aparecieron Néstor Hugo Jiménez y su pareja, Liliana Noemí Jiménez, quienes según la acusación ejercían funciones de dirección y financiamiento. La investigación estableció que Néstor Jiménez viajaba o coordinaba viajes hacia Salta y Jujuy para adquirir importantes cantidades de droga que luego eran trasladadas a Tucumán. Una vez en la provincia, la sustancia era fraccionada y distribuida a distintos vendedores. Las escuchas telefónica reconstruyeron la logística utilizada para esos traslados, incluyendo contactos en el norte, vehículos de apoyo y sistemas de alerta destinados a evitar controles policiales.

Un papel central también desempeñó Pamela Bravo, considerada por los investigadores como uno de los ejes operativos de la estructura. Desde el barrio La Bombilla coordinaba puntos de venta, manejaba el dinero proveniente del narcotráfico y abastecía a distintos distribuidores. La pesquisa reveló la existencia de los denominados “kioscos” y “búnkeres” de venta al menudeo, desde donde se comercializaban dosis fraccionadas de cocaína y marihuana. Además, se comprobó que contaba con colaboradores que cumplían funciones específicas de vigilancia, guarda de droga y distribución.

La organización exhibía una división de tareas propia de una estructura consolidada. Karen Celeste Correa y Andrea de los Ángeles Coronel actuaban como vendedoras y colaboradoras directas de Bravo; Rita Yolanda Bravo y la propia Coronel cumplían funciones de almacenamiento de dinero y estupefacientes; mientras que Santos Ismael Quiroga se ocupaba de tareas de traslado, entrega y resguardo de la droga. La investigación también detectó que Ana María Jerez actuaba como nexo con proveedores y coordinaba operaciones vinculadas a la adquisición de cargamentos provenientes del norte argentino.

Uno de los aspectos más llamativos del expediente fue la actividad desarrollada desde el interior del penal de Villa Urquiza. Allí, Hugo Exequiel Jiménez, hijo de Néstor y Liliana, continuaba participando de la organización pese a encontrarse detenido. Las escuchas telefónicas demostraron que mantenía contacto permanente con su madre y con Pamela Bravo, impartía instrucciones y participaba en la coordinación del ingreso de estupefacientes durante las visitas. Para los investigadores, la maniobra permitió sostener un circuito paralelo de comercialización dentro del establecimiento penitenciario.

La magnitud de la organización quedó reflejada también en los antecedentes de varios de sus integrantes. Néstor Hugo Jiménez registraba condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico; Liliana Jiménez ya había sido condenada en otra causa federal; Pamela Bravo contaba con antecedentes por comercio de estupefacientes; y Hugo Exequiel Jiménez había recibido una condena anterior por transporte de droga. Incluso durante la investigación, Néstor Jiménez llegó a fugarse de su lugar de detención y permaneció prófugo durante varios meses, período en el que continuó manteniendo contactos relacionados con la actividad ilícita.

El juicio oral concluyó con diez condenas a partir del trabajo del auxiliar fiscal Daniel Weisemberg, bajo la dirección del fiscal general subrogante Pablo Camuña. Luego de la deliberación de los jueces Cristina Edith Giordano, Ana Carina Farías y Federico Bothamley, Néstor Jiménez y Noemí Jiménez recibieron penas de ocho años de prisión por organización y financiamiento de actividades vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes, mientras que Pamela Bravo fue condenada a ocho años por tenencia de droga con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas. Karen Correa, Santos Quiroga y Pedro Sosa recibieron seis años de prisión; Hugo Exequiel Jiménez fue condenado a cinco años; y Andrea Coronel, Rita Bravo y Ana María Jerez recibieron penas de ejecución condicional por los distintos grados de participación acreditados durante el debate. La reincidencia de varios de los acusados constituyó uno de los elementos más significativos del caso. En la sentencia, el Tribunal Oral Federal declaró reincidentes a Néstor Jiménez, Bravo, Sosa y Hugo Jiménez. Además, los jueces dispusieron la unificación de la nueva condena impuesta a Liliana Jiménez con una pena anterior dictada por el mismo tribunal en otra causa por narcotráfico, fijando una pena única de diez años de prisión. El dato no es menor: para los magistrados, la organización estaba integrada en buena medida por personas que ya habían sido investigadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados al comercio de estupefacientes, circunstancia que revela la persistencia de las conductas criminales y la consolidación de una estructura dedicada al negocio de la droga.

Para la Justicia, la prueba reunida durante más de dos años permitió demostrar la existencia de una estructura criminal estable y organizada, dedicada de manera permanente al negocio del narcotráfico y al abastecimiento de droga en algunos de los sectores más vulnerables de Tucumán. La decisión judicial adquiere especial relevancia porque no sólo desarticuló una red que operaba simultáneamente en distintos barrios de la capital y dentro de una unidad penitenciaria, sino que además volvió a poner en evidencia la capacidad de ciertos grupos criminales para reconstruirse aun después de condenas previas, reincidencias y procesos judiciales anteriores.